Los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) en Europa tendrían que implementar estrictos procedimientos de Conozca a su cliente (KYC) para combatir el lavado de dinero tras la luz verde del Parlamento Europeo para las nuevas Regulaciones contra el lavado de dinero (AMLR), según una declaración del 24 de abril.
Según el comunicado:
“Las nuevas leyes incluyen medidas mejoradas de diligencia debida y controles de la identidad de los clientes, después de lo cual las llamadas entidades obligadas (por ejemplo, bancos, administradores de activos y criptoactivos o agentes inmobiliarios y virtuales) deben informar actividades sospechosas a las UIF y otras autoridades competentes. .”
La ley también incorpora sectores no financieros propensos al blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, como los juegos de azar y los clubes deportivos.
Según la AML, un nuevo organismo regulador llamado Autoridad para la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (AMLA) supervisará y hará cumplir los protocolos renovados.
En particular, este desarrollo afecta principalmente a los intercambios centralizados bajo el paraguas de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE.
MiCA es una legislación crucial para el sector criptográfico en Europa y ofrece una claridad regulatoria esencial para esta floreciente industria. Los observadores del mercado han argumentado que este marco resalta el reconocimiento por parte de la región del potencial del sector. MiCA se promulgó en junio de 2023 y entraría en vigor a finales de este año.
Gastos esperados
Patrick Hansen, director de estrategia y políticas de la UE de Circle, señaló que el resultado de las votaciones era esperado, añadiendo que:
“Como se esperaba, el pleno del Parlamento de la UE aprobó el nuevo paquete ALD, incluido el Reglamento ALD, con 479 votos a favor, 61 en contra y 32 abstenciones. El paquete ahora será adoptado formalmente también por el Consejo de la UE y entrará en vigor tres años después”.
En una publicación separada, Hansen enfatizó que las regulaciones reflejan en gran medida las leyes existentes contra el lavado de dinero, haciéndose eco de las disposiciones de la regulación MiCA que prohíbe las monedas de privacidad y la Regulación de Transferencia de Fondos (TFR).
En particular, se redujeron las propuestas iniciales que amenazaban al sector criptográfico. Estos incluyen propuestas limitar los pagos de autocustodia a 1.000 euros y someter a las plataformas de organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), DeFi y tokens no fungibles (NFT) a obligaciones AMLR.