Crypto Advocacy Group Defi Education Fund ha instado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a reconsiderar su enfoque para responsabilizar a los desarrolladores de protocolo Defi por las acciones de los usuarios.
En una publicación de blog publicada el 4 de febrero por Andreessen Horowitz (A16Z), los coautores Miller Whitehouse-Levine y Amanda Tuminelli del Fondo de Educación Defi argumentaron que los desarrolladores no deberían ser responsables de cómo se usa su software, comparándolos con los fabricantes de automóviles con los fabricantes de automóviles que no son responsables de las acciones de los conductores.
Según ellos:
“El mismo principio intuitivo que rige nuestra comprensión del fabricante de automóviles y la responsabilidad del conductor debe ser la base de la formulación de políticas sensatas en el contexto de redes y protocolos descentralizados”.
Los autores advirtieron que dirigirse a desarrolladores bajo leyes como la Sección 1960 podría crear precedentes dañinos, potencialmente expandiendo los riesgos legales en toda la industria criptográfica.
Ellos escribieron:
“Hacer las personas responsables de los sistemas y actividades sobre las cuales no ejercen agencia o control conduce a resultados perversos. “
Además, enfatizaron que los formuladores de políticas deben distinguir entre aquellos que crean tecnología y aquellos que la controlan activamente. Argumentaron que la responsabilidad extravagante podría obstaculizar el avance tecnológico y desalentar la innovación en el sector Defi.
Claridad regulatoria
Para ilustrar su punto, los autores describieron cómo la amplia interpretación del DOJ de la “licencia de transmisión de dinero” afecta negativamente a la industria al comparar las transacciones en intercambios centralizados con protocolos defi.
Esta ley rige empresas que transmiten dinero y conlleva sanciones severas, incluidas multas de hasta $ 250,000 y cinco años de prisión por no registrarse. Actualmente, las autoridades están enredadas en un enfrentamiento legal con Tornado en efectivo Desarrollador, Roman Storm, por presunta violación de esta disposición.
Según ellos, cuando los usuarios comercian con un intercambio centralizado, transfieren fondos a la plataforma, dándole control sobre sus activos. Este acuerdo realiza intercambios centralizados sujetos a regulaciones financieras.
Sin embargo, en Defi, los usuarios conservan el control total sobre sus fondos, ejecutando transacciones directamente a través de protocolos basados en blockchain. Esta distinción es crucial para la claridad regulatoria.
Los autores argumentaron que una interpretación adecuada de las leyes de transmisión de dinero debe tener en cuenta la custodia y el control. Un intercambio centralizado mueve los fondos de los usuarios en nombre de los clientes, lo que lo convierte en un intermediario financiero. Por el contrario, un protocolo Defi es simplemente una herramienta con la que los usuarios interactúan en sus propios términos, sin ninguna supervisión de terceros.
Debido a esto, los autores pidieron pautas legales más claras, particularmente en la definición del control dentro de las regulaciones financieras. Notaron que un marco legal bien definido reducirá la incertidumbre y apoyará la innovación responsable.
Concluyeron:
“La industria y los legisladores deben reunirse en 2025 para garantizar que la ley refleje adecuadamente conceptos precisos de custodia y control y las responsabilidades que fluyen de ella, ya sea en el contexto de un proyecto de ley de estructura de mercado, obligaciones de informes de corredores o en la Sección de Reforma de 1960. “