El proyecto de ley de enmienda de la legislación de comunicaciones de Australia de 2024 (lucha contra la desinformación y la desinformación) continúa generando un acalorado debate, y los críticos argumentan que el proyecto de ley corre el riesgo de sofocar la libertad de expresión.
El proyecto de ley propuesto, que apunta a la desinformación relacionada con las elecciones, la salud pública y la infraestructura crítica, requiere que las empresas de tecnología establezcan códigos de conducta.
Las plataformas que no logren autorregularse se enfrentarán a estándares impuestos por la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA), que supervisaría su aplicación. Esto podría incluir multas de hasta el 5% de los ingresos globales totales para las plataformas que no cumplan con las nuevas reglas.
Sin embargo, los defensores de la libertad de expresión advierten que esto podría tener un efecto paralizador en el discurso público legítimo y potencialmente limitar la capacidad de las personas para criticar las instituciones públicas.
lenguaje vago
El jefe de activos digitales de VanEck, Matthew Sigel, recurrió a las redes sociales para resaltar que el proyecto de ley clasifica ciertos actos de habla, como aquellos que podrían “dañar la confianza del público en el sistema bancario o los mercados financieros”, como posibles motivos de penalización.
Sigel expresó su preocupación por el lenguaje amplio y vago, sugiriendo que las discusiones normales sobre instituciones financieras podrían ser blanco injusto bajo la apariencia de información errónea.
Las preocupaciones de Sigel se hacen eco de las de otros defensores de la libertad de expresión, quienes argumentan que el proyecto de ley podría suprimir inadvertidamente las críticas públicas a instituciones clave, incluidos los mercados financieros, y alentar a las plataformas tecnológicas a censurar excesivamente en un esfuerzo por evitar multas.
Además, los críticos, incluidos expertos legales y figuras de la oposición, han dado la alarma sobre las vagas definiciones del proyecto de ley de “información errónea” y “desinformación”, argumentando que ese lenguaje deja demasiado espacio para la interpretación subjetiva y la extralimitación.
No hacer nada “no es una opción”
La legislación se produce en medio de un movimiento global más amplio para regular a los gigantes tecnológicos y reducir la difusión de desinformación, pero el rechazo en Australia indica un debate en curso sobre cómo equilibrar la libertad de expresión y la seguridad pública.
A pesar de las críticas, el gobierno australiano sostiene que el proyecto de ley es necesario para combatir la difusión de información errónea que amenaza la democracia, la salud pública y la infraestructura.
La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, defendió la legislación y afirmó que la inacción ante la desinformación “no es una opción” dada la amenaza que representa para la seguridad pública y la democracia. Hizo hincapié en que el gobierno espera que las plataformas tecnológicas cumplan con la ley australiana y ha advertido a las empresas que no amenacen con eludir o socavar estas regulaciones.
También destacó que la versión enmendada del proyecto de ley garantiza que ciertos tipos de contenido estarán explícitamente protegidos, ya que el gobierno busca lograr un equilibrio entre la lucha contra la información errónea dañina y la defensa de la libertad de expresión.
Estos incluyen contenido de noticias profesionales, así como cualquier contenido artístico y religioso, que se consideran cruciales para la libre expresión y el discurso público. Sin embargo, los críticos siguen siendo escépticos sobre el alcance de estas protecciones, y las principales preocupaciones giran en torno a la posibilidad de interpretaciones subjetivas de lo que constituye contenido protegido.
Se espera que el proyecto de ley se presente en el parlamento la próxima semana, preparando el terreno para un debate más acalorado sobre sus impactos sociales más amplios.