Los funcionarios de la Unión Europea acordaron recientemente una ley histórica llamada el marco Markets in Crypto-Assets (MiCa) que brinda orientación para que los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) operen dentro de la región de Europa. A raíz de esto, los expertos reaccionaron con diversas opiniones, desde apoyar la decisión hasta explicar cómo tendría efectos adversos.
Según Richard Gardner, director ejecutivo de la firma de tecnología comercial Modulus, el nuevo desarrollo proporciona una imagen más clara para los CASP en cuanto a lo que esperan las autoridades. Gardner explicó que:
“No todo lo que contiene atraerá a todos los jugadores, pero, en este punto, la industria solo necesita comprender qué se espera de ella. Ya es hora de una guía para que los operadores puedan actuar con intención”.
Gardner también agregó que esto puede poner fin a la recesión de los activos digitales y abrir una vía para que la industria se expanda e innove. El ejecutivo cree que las leyes fueron “construidas para proteger contra el abuso y la manipulación”.
Al comentar sobre el tema, Petr Kozyakov, director ejecutivo de la empresa de infraestructura de pago Mercuryo, también elogió la medida y cree que es un “paso bienvenido en la dirección correcta”. Kozyakov señaló que esto puede eliminar a los malos actores. Él dijo:
“Existe un deseo real de un conjunto claro de reglas para proteger a las personas y las empresas que ya han adoptado las criptomonedas, para eliminar a los malos actores y alentar a otros a adoptar las criptomonedas como resultado”.
Kozyakov agregó que el nuevo desarrollo puede “liberar el potencial” del sector y empujarlo hacia la adopción generalizada.
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Mientras tanto, no todos cree que el nuevo desarrollo en la regulación de la UE traerá efectos positivos dentro de la región. Seth Hertlein, jefe global de políticas de la firma de billeteras Ledger, señaló que la Unión Europea perdió la oportunidad de recuperar la participación de mercado que perdió en Web2 a través de desarrollos en Web3. Hertlein también destacó que las reglas violarían los derechos fundamentales de los europeos.