La Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán reportado más temprano el martes que 55 granjas mineras ilegales “interrumpieron voluntariamente su operación” debido a una campaña de aplicación del regulador, y las operaciones de otras 51 entidades “fueron canceladas”. La operación de aplicación se centró en las operaciones de minería ilegal que comprometieron la red de energía de la nación. La agencia pidió desarrollar un enfoque regulatorio claro para la criptominería en su comunicado.
Según el comunicado, no solo todos los operadores seleccionados congelaron el proceso de minería, sino que también desmantelaron las plataformas y las sacaron de los “lugares de despliegue”.
El comunicado mencionó una serie de figuras comerciales de alto perfil que supuestamente estaban vinculadas a la actividad ilegal. Entre ellos se encontraba un expresidente de la compañía de gas estatal Qazaqgaz, un exjefe del departamento de delitos de drogas de la policía nacional y la decimoséptima persona más rica del país.
Estas operaciones se consideraron ilegales porque no habían informado a los reguladores de su actividad, se habían conectado ilegalmente a la red o habían evadido el pago de impuestos y aduanas. Parte de la energía que utilizaron los operadores ilegales debería haberse destinado a la producción industrial.
La agencia confiscó más de 67.000 equipos por valor de unos 190 millones de dólares y abrió 25 casos penales. Según se informa, el consumo diario de energía en el país se redujo en 600 MWh luego de la redada policial.
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La acción de cumplimiento no sorprende, ya que Kazajstán ha intensificado sus esfuerzos para reducir la carga de estrés que la criptominería ilegal ha estado poniendo en su red. En agosto de 2021, el país albergaba más del 18 % de la tasa de hash global de BTC, pero en febrero de 2022 el Ministerio de Energía nacional anunció su estrategia para identificar y desconectar de la red las granjas mineras que no cumplen con las normas.
Esto no quiere decir que el país esté considerando algún tipo de represión integral contra la criptominería. Hay señales claras de que el gobierno está trabajando en un enfoque regulatorio razonable que lo ayudaría a beneficiarse de las nuevas oportunidades. Como dice el comunicado de prensa de la Agencia de Supervisión Financiera, “considerando estos desarrollos, el grupo de trabajo interdepartamental está trabajando en las decisiones sistemáticas para regular los temas problemáticos”.