El senador australiano Andrew Bragg inauguró la conferencia de la Semana Blockchain de Australia con una propuesta legislativa explosiva que espera que siente las bases para un nuevo ecosistema de Activos Digitales.
El paquete legislativo propuesto de la Ley de Servicios Digitales (DSA) llamadas para reformas en licencias de criptomercado, custodia, organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), desbancarización e impuestos. El Senador Bragg dijo en su discurso en la conferencia que espera que la legislación de la Ley “proteja [crypto] consumidores contra operadores malintencionados”.
El Senador Bragg describió los cuatro pilares principales por los que se guía la DSA. Explicó que la DSA sería tecnológicamente neutral, tendría principios amplios y flexibles, estaría regulada por un Ministro en lugar de una agencia burocrática y utilizaría recursos y personal del gobierno. En su opinión, dicha orientación ayudará a Australia a demostrar que el país está listo para asumir un papel más importante en la criptoindustria.
“Esto mostrará que Australia está abierta para los negocios y que las cosas están claras y limpias”.
El Senador también se enfrentó a las DAO, desafiando a varias ramas del gobierno a tomarlas en serio. Llegó a llamarlos “una amenaza existencial para la base imponible” según las reglas actuales.
Según datos publicados por el Parlamento de Australia, el impuesto de sociedades cuentas para la segunda mayor fuente de ingresos para el gobierno detrás del impuesto sobre la renta. Sin embargo, las DAO no tributan como empresas.
A eso, el Senador Bragg dijo que la “dependencia del impuesto de sociedades de su país es insostenible” si un número cada vez mayor de organizaciones se convierten en DAO. Como resultado, la DSA encargaría al gobierno la creación de un marco para la creación de estándares para las DAO sin sofocar sus principios básicos.
Básicamente, las normas garantizarían que los consumidores tengan acceso a los servicios de auditoría, aseguramiento y divulgación de las DAO que les ayuden a distinguir entre organizaciones minoristas y mayoristas. El Senador Bragg pidió al Tesoro que aborde esos problemas y al mismo tiempo “deje el campo abierto para que las DAO continúen haciendo honor a su nombre”.
Sobre la base de las ambiciones del centro criptográfico de Australia: dirección para @BlockchainAUS.https://t.co/j79BpbGJKI pic.twitter.com/8bf7Sqjut4
— Senador Andrew Bragg (@ajamesbragg) 20 de marzo de 2022
El jefe de desarrollo corporativo de la criptobolsa australiana Swyftx Michael Harris está a favor de que el gobierno establezca estándares más altos para la criptoindustria nacional. Le dijo a Cointelegraph hoy que los intercambios no tienen nada que temer de los estándares más altos porque “la mayoría de los intercambios australianos ya se toman muy en serio su deber de cuidar a los clientes”.
Relacionados: Fintech australiana ofrecerá acceso directo generalizado a DeFi con una tarifa fija
Harris agregó que la tierra de abajo debería liderar el mundo desarrollado en la regulación criptográfica debido a su alta tasa de adopción. Una encuesta de la encuestadora Finder fundar que el 22,9% de los australianos encuestados poseía criptomonedas de octubre a diciembre de 2021. Harris continuó afirmando que:
“Vemos esto como un importante paso adelante. Australia tiene una de las mayores tasas de adopción de criptomonedas en el mundo desarrollado. Tiene mucho sentido para nosotros liderar la regulación”.
Una de las principales preocupaciones en el criptomercado últimamente es su uso por parte de individuos y naciones para eludir las sanciones económicas globales. Actualmente hay un debate en el Senado de los Estados Unidos sobre si el gobierno ruso puede mantener su operación militar en Ucrania financiada con la ayuda de la criptomoneda.
La firma de seguimiento de blockchain, Elliptic, descubrió el 15 de marzo que algunas personas sancionadas tienen criptografía, pero el senador Bragg declaró que el gobierno australiano no tenía poder bajo las leyes actuales de intercambio de moneda digital (DCE) para castigar a tales infractores. La falta de jurisdicción del DCE sirvió como motivación para hacer las nuevas propuestas para evitar que las personas sancionadas se aprovechen de las leyes criptográficas laxas, y agregó:
“La realidad es que no vivimos en un nirvana libertario. No podemos tener arbitraje regulatorio”.